Fracking: la fractura del Estado

El discurso de López Obrador y Morena demonizó al fracking. ‘Contamina, genera sismos’, decía, mientras tampoco invirtió en infraestructura de almacenamiento de gas natural para más de 3 días y ocasionó una severa crisis en la que ahora tenemos que importar seis mil 638 millones de pies cúbicos diarios al precio que diga el mercado internacional. Gas que llega de Texas donde, paradójicamente, es extraído justo mediante fractura hidráulica.

Los empresarios mexicanos levantan la voz. La pérdida de la soberanía energética es por ideología, falta de visión y la soberbia de un gobierno que impone sus planes de desarrollo. ¿Debemos atender, entonces, una gran fractura en el Estado mexicano? Estamos en un país donde, sistemáticamente, los contratos públicos se asignan no al mejor operador, sino al mejor negociador del cochupo. Donde aparecen empresas sin capacidad técnica ni experiencia probada, que ganan licitaciones multimillonarias mediante vínculos políticos documentados.

Es justo ahí donde el fracking pasa de ser un dilema ambiental a un riesgo estructural en manos inexpertas que pueden afectar a comunidades enteras y generar desastres ecológicos irrecuperables en décadas. La alternativa lógica tendría que ser la experiencia internacional. Las empresas Halliburton y Schlumberger, al igual que la canadiense Calfrac Well Services, por ejemplo, tienen operaciones de fracking en muchos países donde han desarrollado tecnologías que maximizan la producción y reducen el impacto ambiental. Estimulan los pozos cuidando la cementación para no contaminar, el agua de la perforación se recircula y reutiliza varias veces con tecnología de tratamiento y utilizan aditivos de origen orgánico en proporciones muy bajas. La contaminación por gas metano no se presenta generalmente en pozos someros de cuatro mil metros verticales y otros tantos horizontales. Además, los trabajos se realizan en zonas aisladas, sin poblaciones cercanas.

Toda esa experiencia e innovación tecnológica tiene que aprovecharse con la regulación adecuada y protocolos rigurosos de seguridad y protección ambiental. El gran problema es que esas empresas saben que engancharse con la corrupción en Pemex significa sanciones de miles de millones de dólares, bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Las cortes estadounidenses tienen casos numerosos de sobornos a funcionarios de la petrolera mexicana por parte de empresarios como Alfonso Wilson y Ramón Alejandro Rovirosa. Claramente, el Estado mexicano debe dejar atrás la corrupción y construir las asociaciones correctas desde una posición de rectoría y transparencia que dé un impulso verdadero al desarrollo del país. También, de paso, quitar las distracciones narrativas y fijarse en detalles del tejido fino: Carlos Slim con Grupo Carso, Carso Oil & Gas y CICSA, está consolidándose como el principal socio privado de Pemex, con presencia en activos estratégicos como Ixachi, en Veracruz, y Lakach, en aguas profundas del Golfo de México.

MÁS LLAGAS * ¿Futbol solo para quien pueda pagarlo? La Concacaf sostiene que imponer el pago de Netflix a quiera ver a la Selección Mexicana es modernidad, pero es un modelo regresivo y excluyente para millones de aficionados que ven en la televisión abierta la única posibilidad realista de mantener un lazo con un símbolo poderoso de identidad nacional.