El manotazo de la extorsión

La presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por Omar García Harfuch y la fiscal, Ernestina Godoy, dio un manotazo sobre la mesa. No fue simbólico: citó a gobernadores de todos los colores, los sentó en fila y les exigió lo que llevan años prometiendo y nunca entregan: soluciones reales contra la extorsión, esa plaga nacional que se cobra en cuotas, en miedo, en silencio y, últimamente, en vidas como la del líder limonero, Bernardo Bravo, en Michoacán y la de la dirigente pesquera de Baja California, Minerva Pérez.

La lista de estados donde la incidencia se disparó no sorprende a nadie: Guanajuato, Morelos, Estado de México, Michoacán y Veracruz. ¿Novedad? Ninguna. ¿Urgencia? Toda.

Porque en México la extorsión es una industria y de las más rentables. Es el único delito de alto impacto que ha crecido en vez de disminuir: 23.1 por ciento entre 2019 y 2025, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a eso hay que agregar que es uno de los ilícitos con mayor cifra negra: el 97 por ciento de los casos no se denuncian por miedo y desconfianza. Mientras, en contraste, el secuestro ha disminuido en 58.4 por ciento y el robo con violencia en 49 por ciento.

Pero hay un detalle que debería encender las alarmas de Palacio y de los palacios estatales: mientras las remesas, el salvavidas económico del país durante años, muestran una caída de 5.5% interanual (45 mil 681 millones de dólares, según el Banco de México), los grupos criminales están recargando su modelo de negocios: subir la cuota y diversificar el “portafolio”. Si baja el dólar que llega al hogar, sube la mano criminal que toca la puerta. También tienen en la mira a los beneficiarios de los programas sociales, quienes reciben 835 mil millones de pesos en un año. El hampa de la extorsión es capaz de monitorear las fechas en que reciben esos depósitos para ir a arrebatárselos.

Y ahí entra la palabra maldita: “secuenteo”. Ese seguimiento quirúrgico de unidades económicas, rutas, personas, comercios y hasta de quien compra o vende en línea. Tecnología al servicio del terror: ahora ya no es “pague o le va mal”, es “sabemos dónde vive, qué compra, cuánto gana y a quién visita”. Ya no son solo las extorsiones comunes: amenazas telefónicas, fraudes con premios o deudas falsas, cobro de derecho de piso, imposición de productos y precios a las tiendas o secuestro de datos y hasta de identidad.

Pero lo ácido del asunto no es la sofisticación criminal. Eso ya lo sabemos. Lo realmente corrosivo es lo otro: la impunidad. La extorsión en México lleva años de maduración, como un queso olvidado, pero aquí nadie se atreve a abrir el refrigerador

Los gobiernos cambian, las mesas de seguridad se multiplican, los operativos se anuncian, pero los criminales siguen cobrando renta como si fueran el SAT. Han pasado cinco meses desde el inicio de una estrategia nacional articulada en que los gobernadores que ni siquiera han promovido iniciativas para homologar sus legislaciones estatales con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

Quizás ese día, en ese salón lleno de gobernadores regañados, todos entendieron lo básico: sin resultados, sin investigaciones y sin castigos reales, la extorsión seguirá siendo el impuesto más caro del país, además no cobrado por el Estado. El manotazo ya se escuchó. Lo que falta es que por primera vez alguien lo haga valer.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADOR

@AdriDelgadoRuiz