Colosio: El silencio cómplice

Bulmaro Pacheco, operador experimentado; Samuel Palma y Mario Luis Fuentes, estrategas y asesores políticos; Guillermo Hopkins Gámez, aspirante a la gubernatura de Sonora y coordinador de logística, así como José Murat Casab, representante del CEN del PRI en Tijuana, Baja California, se apartaron de la escena pública hasta que el mutismo se diluyó con el tiempo.

Solo Alfonso Durazo, secretario particular de Colosio -cargo que repitió posteriormente con Vicente Fox y, años después, secretario de Seguridad Pública con López Obrador- logró consolidar una carrera política. De él se recuerda una sola declaración: no compartía la hipótesis del asesino solitario, considerando el contexto de la lucha interna por el poder.

Esa hipótesis fue impuesta a toda costa en el proceso judicial, pese a que las trayectorias de los disparos sugerían lo contrario. La investigación y el juicio contra Mario Aburto Martínez, señalado como el asesino confeso, se completaron apresuradamente en apenas ocho meses y estuvieron plagados de irregularidades: retractaciones de testigos que denunciaron amenazas y tortura, un parte policial falso y manipulación de pruebas.

Poniendo El Dedo en la Llaga, el actual abogado de Aburto, Jesús González Schmal, afirma que tomó el caso hace tres años con el propósito de impedir que una sentencia definitiva cerrara la posibilidad de reabrir la investigación. Así, en 2024, Andrés Manuel López Obrador reabrió el expediente y lo capitalizó políticamente.

La FGR inició nuevas pesquisas que derivaron en la reciente detención de Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador. Tras el homicidio de Colosio, se halló sangre en su chamarra y se comprobó que había disparado un arma. Sin embargo, al ser empleado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), su liberación al día siguiente resulta inexplicable sin la intervención del entonces director, Jorge Tello Peón, hoy propietario de la consultora Madison Intelligence. El subalterno que envió para “rescatarlo” fue Genaro García Luna, a quien después recomendó a Felipe Calderón.

¿Fue un crimen de Estado? Pocas veces se menciona que, al menos, quince personas vinculadas con la investigación del magnicidio murieron en circunstancias sospechosas.

En el documental Salinas: Ascenso, Visión, Frustración, producido por Azteca Documentales, el expresidente sostiene que tanto él como el proyecto político que compartía con Colosio fueron los más afectados por su muerte. El jefe de campaña colosista, el tecnócrata Ernesto Zedillo, terminó quedándose con la candidatura presidencial, ante la notoria molestia de Manuel Camacho Solís, quien se consideraba el heredero natural del proyecto reformista del PRI.

Con los años, la memoria de Colosio ha sido utilizada y olvidada según las conveniencias políticas. Su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha señalado que muchos de los que dicen haber sido cercanos a su padre -incluso algunos que después gobernaron Sonora, su estado natal- en realidad no lo fueron. El joven político ha preferido mantener distancia de ese PRI que su padre intentó transformar, un gesto que resume la fractura generacional: el intento de romper con un legado que, aunque doloroso, sigue definiendo la historia política del país.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@AdriDelgadoRuiz