Porque se puede

El esfuerzo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por combatir la corrupción, se topa con prácticas ilegales del gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. El asunto va mucho más allá de la discusión política: es la muestra más clara de la ilegalidad convirtiéndose en impunidad. Ese abuso del poder fulmina la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, crea una cultura de ausencia de un Estado de derecho y una grave percepción de que la ley no es justa ni se aplica a todos por igual.

Ver exonerado a Pío López Obrador, además muy a destiempo, por el escándalo en que fue exhibido con videos, desde 2020, recibiendo un montón de dinero por debajo de la mesa, presuntamente utilizado en la campaña electoral de su hermano, es un ejemplo emblemático. Y frente a todo eso, la manipulación de la democracia por parte de un tribunal que resuelve ilegalmente contra la ciudadanía y un INE que legaliza lo ilegal.

Más aún, recientemente ha explotado una gran cantidad de escándalos de políticos con ropa y accesorios de alta gama, comilonas en restaurantes muy costosos, vacaciones en otros continentes y en hoteles exclusivos, vehículos y casas de lujo que no podrían pagar con sus ingresos como servidores públicos. Esos mismos que criticaban a los de gobiernos anteriores y se asumen como paladines de la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

Ese comportamiento es también el de muchos otros políticos dentro del gobierno como institución. ¿Cuánto de los 430 mil millones de pesos que debe Pemex a sus proveedores los asumió en compromisos sabiendo que no podría pagarlos? ¿Es legal que ocasione la quiebra de cientos de empresas y la pérdida de miles de empleos así de dolosamente sin que nadie enfrente consecuencias?

En el sexenio anterior, el 80 por ciento de los contratos se hicieron por adjudicación directa y hubo obras en que fueron el 100 por ciento, como en el caso del AIFA, lo que contravino toda práctica de transparencia. Todavía más, dejó 90 mil 33 archivos con información reservada, que no podrá hacerse pública por varios años, como los contratos de construcción del Tren Maya, aunque ha tenido dos descarrilamientos, con el argumento de la seguridad nacional. ¿Por qué ocultar información que debe ser transparente y pública en una república?

¿Qué hacer como ciudadanos?

MÁS ILEGALIDAD DE TERNIUM EN AQUILA

En un claro y cínico acto de cochupo y complicidad, durante el último día en funciones de sus integrantes anteriores, el Tribunal Colegiado de Colima desconoció a 150 integrantes de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, y su derecho a recibir las regalías que la empresa Ternium debe pagarles por la explotación de la mina de hierro en sus tierras. Fue el siguiente golpe, luego de que los representantes comunales, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, desaparecieron en enero de 2023 tras haber sido amenazados por ejecutivos de esa minera y siderúrgica durante una asamblea.

El revés es todavía más duro dado que también ocasiona un debilitamiento de la cohesión justo cuando Aquila enfrenta el asedio de grupos violentos del crimen organizado. La llegada de Hugo Aguilar Ortiz, abogado de orgulloso origen indígena, a la presidencia de la Suprema Corte, es una oportunidad para impulsar la revisión de este tipo de casos de abuso contra las comunidades.