Los “Porkis”’ del huachicol

El desmantelamiento de la red de huachicol fiscal, anunciado recientemente, destapó varias cloacas como la implicación de Anuar González Hemadi, exjuez federal, suspendido en 2019 y destituido hasta abril de 2024, luego de que siete años antes había otorgado ilegalmente un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso, acusado de participar en la violación de la entonces menor de edad, Daphne ‘N’.

Los cuatro sujetos que raptaron y agredieron sexualmente a la joven, fueron apodados en Veracruz como Los Porkys, señalados de recibir la protección del entonces fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, hoy detenido por tráfico de huachicol, quien tenía al capitán de la Marina, Climaco Aldape Utrera, como operador desde la Policía Ministerial, según refiere la prestigiada periodista veracruzana, Claudia Guerrero.

Otro operador clave era el propio juez González Hemadi, quien también se quedó con el sobrenombre de Porky. Así, Veracruz pasó a ser un triste ejemplo de un estado donde el Poder Judicial y la fiscalía se unieron en la corrupción, al punto de que llegó a operar una refinería clandestina en el municipio de Moloacán, en la zona petrolera de Coatzacoalcos.

En 2023, mientras estaba suspendido como juez, Anuar González Hemadi fue reclutado como representante legal de Mefra Fletes, de Roberto Blanco Cantú, que ha registrado diversas revisiones y aseguramientos de combustible ilícito desde 2020 e incluso una mujer que aparecía como comisaria de esa empresa fue hallada muerta en una fosa clandestina, cerca de Tlajomulco, Jalisco.

Todos esos antecedentes indican que el exjuzgador sabía que estaba involucrándose en un negocio ilegal de largo alcance, que opera mediante una cadena de corrupción enorme tanto en México como en Estados Unidos.

El fuerte golpe asestado al huachicol fiscal se da justo en medio de los señalamientos del gobierno estadounidense sobre la corrupción enquistada en el poder político mexicano y la operación de los cárteles del crimen organizado como corporaciones con distintas unidades de negocio, entre ellas el tráfico ilícito de combustibles.

Los señalamientos del actual secretario mexicano de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, incluso desde el sexenio anterior, sobre los nexos documentados de diversos jueces y magistrados federales con esas mafias, fueron parte de las motivaciones que llevaron a la reforma judicial para renovar los juzgados y tribunales mediante el voto popular.

Ahora, la Marina Armada de México recibe también un golpe contundente contra la estructura de corrupción que crecía dentro de su estructura. La siguiente cuestión es si las pesquisas continuarán con la Guardia Nacional, responsable de detener el tráfico de todo ese combustible ilícito en las carreteras del país.

Más aún, qué sucederá con la Agencia Nacional de Aduanas de México, que mientras crecía toda esa red de huachicol fiscal durante en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tuvo cinco directores.

¿Se extenderá la investigación hasta ese ámbito? ¿Pasará también por las fiscalías? Aún quedan muchas interrogantes.