TADDEI INHABILITADA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue contundente al declarar: "Yo lo que dije y lo sostengo, Guadalupe Taddei traicionó al pueblo". Con esta demoledora sentencia, la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) vio sepultada cualquier posibilidad de escabullirse de su responsabilidad tanto administrativa como penal.

En México, la corrupción goza de una ventaja histórica sobre la justicia, ya que conoce a la perfección los atajos para sustraerse de ella. El guion es sumamente conocido, basta con dimitir, guardar silencio y permitir que las investigaciones acumulen polvo en los estantes hasta que un nuevo escándalo desplace la atención pública. Este modus operandi amenaza con convertirse en otro emblema de esa añeja inercia nacional, caracterizada por indagar mucho y castigar poco.

Sin embargo, este episodio presenta un matiz distinto, pues las revelaciones sobre su presunta red de vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas —y los millonarios negocios alrededor de las contrataciones institucionales— ya escalaron formalmente a los tribunales

El titular del Órgano Interno de Control, Victor Hugo Carvente Contreras, dio un paso al frente al reportar de manera oficial la presentación de denuncias penales ante las autoridades correspondientes.

El despliegue de fiscalización administrativa involucra, además, procedimientos por presuntas faltas graves dirigidos en contra de ocho personas físicas y una persona moral. Pese al anuncio, la apertura de carpetas informativas no equivale de ningún modo a la imposición de sanciones.

La primera ruta procesal corre a cargo del propio Órgano Interno de Control del INE, bajo el amparo de los artículos 52 (cohecho), 57 (abuso de funciones) y 58 (actuación bajo conflicto de interés) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El marco normativo vigente, en su artículo 78, faculta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa encabezado por José Ramón Amieva para dictar destituciones, penalizaciones económicas e inhabilitaciones al funcionarios públicos y empresas que haya participado en actos de corrupción. La sancion podria ser de 20 años inhabilitación según la gravedad del quebranto.

Complementariamente, el precepto 79 permite exigir reparaciones financieras equivalentes hasta al doble del beneficio ilícito obtenido.

Es justo en este punto donde emerge una omisión que requiere prontas aclaraciones por parte de las instancias involucradas. Si bien la contraloría anticipó la remisión de los expedientes una vez concluidas las etapas procesales previas, a la fecha no existe constancia pública de su recepción formal ni de resoluciones inhabilitatorias vinculadas al asunto en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿En qué etapa procesal se encuentra verdaderamente el trámite y cuándo pasará a la mesa del juzgador?

La segunda vertiente es de naturaleza estrictamente penal. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos tiene bajo su encargo la tarea de consignar los posibles delitos contemplados en los artículos 217 (uso ilícito de atribuciones y facultades), 221 (tráfico de influencia) y 222 (cohecho) del Código Penal Federal. El Ministerio Público Federal debe consolidar el acervo probatorio para sustentar las imputaciones respectivas y buscar penas de prisión ante la judicatura.

A la par del desvío financiero, subyace una arista de extrema gravedad institucional, enfocada en la seguridad de las credenciales para votar. El contratista Hernández Casillas aparece ligado a convenios para la confección del documento de identidad. Surge entonces una interrogante ineludible sobre el nivel de exposición de la información ciudadana; el árbitro electoral está obligado a transparentar sus mecanismos de protección de datos personales.

Es evidente que Taddei Zavala, en su condición de mujer al frente del organismo, no goza de un blindaje ni queda eximida del escrutinio público.

La paridad de género representa una conquista democrática fundamental, nunca un salvoconducto de impunidad, y la sola permanencia o separación de su encargo no extingue las responsabilidades jurídicas nacidas en su gestión. De cara a los comicios intermedios de 2027, el INE tiene un reto histórico para probar que cuenta con la autonomía suficiente para auditar y sancionar las desviaciones cometidas en sus propias oficinas.

México no demanda expedientes ruidosos destinados al olvido; exige sentencias firmes y consecuencias claras. Si las conductas ilícitas disponen de la vía administrativa y penal para ser castigadas, la impunidad no debería gozar de ninguna rendija de escape.