Aduanas: más vigilancia, menos comercio

El comercio exterior mexicano, ese motor que aporta una porción enorme de nuestro Producto Interno Bruto, está atrapado en una paradoja de hierro. La reforma a la Ley Aduanera, vigente desde el 1 de enero de 2026, ha convertido puertos, fronteras y recintos fiscales en búnkeres de alta tensión. El argumento oficial es irreprochable en el papel: erradicar el contrabando, meter en cintura la evasión y frenar el millonario negocio del “huachicol fiscal”.

Las cifras son el trofeo que presume la narrativa oficial: entre enero y julio de 2026, las aduanas recaudaron 791 mil 009 millones de pesos, el 23.2% de los ingresos tributarios del gobierno federal. Casi uno de cada cuatro pesos que recauda el Estado proviene de ahí. Sin embargo, el festejo tiene letra chiquita: en términos nominales, el acumulado quedó cerca de 5.5% por debajo de los 836 mil 808 millones del mismo periodo de 2025 (el peso fuerte también pesa), y detrás del resultado se esconde una política que amenaza con descarrilar los beneficios del nearshoring.

La estrategia contra la ilegalidad ha optado por el garrote y la sospecha generalizada, dejando de lado la facilitación comercial. A ello se suma la presunta presión de Estados Unidos para endurecer los controles sobre las mercancías procedentes de Asia. Las multas por no acreditar regulaciones y restricciones no arancelarias pasaron de 70-100% a 250-300% del valor comercial de la mercancía.

Y la iniciativa que el Ejecutivo presentó el 8 de septiembre propone eliminar el umbral de 50% para el embargo precautorio por subvaluación: bastaría que el valor declarado sea menor al de mercancías idénticas o similares para que proceda, con la posibilidad de sustituirlo mediante un depósito en cuenta aduanera de garantía. Para los importadores legítimos, el riesgo es que la discrecionalidad del verificador pese más que la evidencia, y que una falla documental termine costando más que la propia mercancía.

Esta visión punitiva encarece la logística y erosiona las finanzas del comercio formal. Mantener un cargamento varado en aduana cuesta entre 2 mil y 4 mil pesos diarios, y las demoras en contenedores marítimos promedian 200 dólares al día. Para industrias que operan bajo el modelo just in time, como la automotriz, la aeroespacial y la de dispositivos médicos, una aduana lenta equivale a un arancel invisible pero letal.

Además, la reforma eliminó las excluyentes de responsabilidad de los agentes aduanales: hoy el agente audita a su propio cliente con rigor, por temor a la sanción, y tiende a rechazar operaciones complejas. Aquí la narrativa oficial choca con la calle: si las aduanas están tan blindadas, ¿cómo se explica la infinidad de mercancía de contrabando en el Zócalo capitalino y otros mercados públicos? La severidad parece selectiva, concentrada en el “huachicol”, mientras el contrabando tradicional sigue burlando los controles.

México no puede darse el lujo de burocratizar su mayor ventaja global. Las cifras de Manzanillo, que movió 12% más contenedores (TEUs) de enero a julio, muestran que el volumen resiste; lo que se encarece es operar. Mientras las operaciones crecen a un ritmo de 2.6% anual, el presupuesto de la ANAM quedó congelado en 3,468.1 millones de pesos, una caída real de 3.1 por ciento.

Pretender fiscalizar más con menos dinero y con criterios dispares, es la fórmula perfecta para el colapso. Si el objetivo es proteger las arcas y defender al comercio formal, la autoridad debe entender que una aduana moderna es un puente veloz para el desarrollo, no una caja registradora que castiga a quienes generan empleo legítimo.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

COLABORADORA

@ADRIDELGADORUIZ