La corrupción y su aliada: la ley

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada... y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares en que la corrupción es recompensada... entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”. La frase de Ayn Rand retumba con fuerza.

Lo sabemos porque la corrupción nos ha enterrado varias veces: en el edificio que se desplomó porque un constructor y un funcionario se repartieron la diferencia entre lo “barato” y el “cochupo”; en los vagones del tren que, en diciembre de 2025, dejaron trece muertos y más de cien heridos por falta de mantenimiento; en el socavón que se tragó una calle entera; o en las inundaciones de Poza Rica, Veracruz, donde murieron más de sesenta personas y muchas más quedaron a la deriva bajo el gobierno de Rocío Nahle. Detrás de cada tragedia evitable casi siempre hay un fajo de billetes o una firma que nunca debió estamparse.

Lo nuevo es que la impunidad ya no necesita esconderse en una alcantarilla: le basta con refugiarse en el Código Penal. La ley penal es clara y contundente: el delito de “corrupción”, como tal, no existe. En su lugar, hay un menú de delitos -cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones- con penas que van de tres meses a catorce años, dependiendo de la conducta y, en algunos casos, del monto involucrado. Hablando de dinero, el pendiente en recursos públicos es enorme: solo en la Cuenta Pública más reciente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejó sin aclarar más de 65 mil 169 millones de pesos. De esa cifra, alrededor de 59 mil 363 millones corresponden a estados y municipios que no lograron -o no quisieron- documentar en qué gastaron los recursos federales.

Los 5 mil 805 millones restantes se repartieron entre dependencias federales, el Poder Judicial, órganos autónomos y empresas públicas: Pemex, con mil 762 millones; Salud, con 585.7 millones; Educación Pública, con 229 millones; Marina, con 211 millones, e ISSSTE, con 123 millones.

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De todo ese monto, el gobierno sólo logró recuperar dos mil 005 millones de pesos, es decir, poco más del 3 por ciento.

La firma Treesearch International revela que, durante el mes de junio de 2026, las autoridades de procuración de justicia del país registraron un repunte en la apertura de carpetas de investigación por este concepto delictivo.

A lo largo del sexto mes del año en curso, se totalizaron mil 742 denuncias oficiales a nivel nacional, lo que representa un incremento del 12% en comparación con los mil 553 registros documentados en el mismo mes de junio de 2025.

El artículo 105 del Código Penal Federal establece que la acción penal prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad prevista para el delito. Si el peculado se castiga con una pena de dos a catorce años, el promedio es de ocho años: ese es el cronómetro que, bajo los supuestos legales aplicables, comienza a correr desde la comisión del ilícito.

Existen reglas que pueden modificar o ampliar el cómputo de la prescripción, particularmente cuando el imputado se encuentra fuera del alcance de la autoridad. Las excepciones no cambian el problema de fondo: la corrupción también tiene fecha de caducidad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, ha establecido límites constitucionales a los intentos de las entidades federativas por declarar imprescriptibles determinados delitos. Así, mientras el dinero público puede desaparecer durante años entre auditorías, expedientes, recursos y tribunales, el reloj de la justicia sigue corriendo.

La corrupción tiene cómplices. La impunidad también tiene abogados. Pero lo verdaderamente inquietante es descubrir que, a veces, también tiene reloj.

Por Adriana Delgado Ruiz

@AdriDelgadoRuiz